Procuraduría deja por fuera de lo público a la exgerente del Hospital San Jerónimo de Montería

La Procuraduría Regional de Córdoba por medio de un fallo de primera instancia destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos a Isaura Margarita Hernández Pretel, exgerente del hospital San Jerónimo de Montería, y a varios integrantes de la junta directiva de la Empresa Social del Estado, entre los cuales está el director de la Cámara de Comercio de Montería, Felix Manzur Jattin.

La decisión está basada por presuntas irregularidades en el manejo de la planta de personal de esa entidad y posible incursión en conducta típica de falsificación de un documento de interés para el proceso.

Los hechos investigados por la Procuraduría Regional de Córdoba se relacionan con la decisión adoptada aparentemente por la funcionaria y varios miembros de la junta directiva del hospital el 18 de diciembre de 2017 de modificar el organigrama, actualizar el manual específico de funciones y competencias y la planta de personal sin tener en cuenta que por ley de garantías no podían realizar cambios de personal en los cuatro meses anteriores a la realización de comicios electorales, en este caso las elecciones legislativas programadas para el 11 de marzo de 2018.

En la decisión el Ministerio Público deja clara la presunta falsificación de un acta aparentemente firmada 15 días después por la gerente del hospital y algunos miembros de la junta directiva en la que dejaban sin vigencia las decisiones adoptadas en la reunión del 18 de diciembre de 2017.

Por la presunta modificación de la planta de personal fueron sancionados con destitución e inhabilidad de 15 años, Isaura Hernández Pretel quien fungía como gerente del hospital San Jerónimo de Montería, también los miembros de la Junta Directiva Teresita Uribe Puche, Judith Jiménez Movilla, Eberto Díaz Padilla, Luis Narváez Molina y Félix Manzur Jattin, este último director actual de la Cámara de Comercio de Montería.

La decisión final la tendrá en segunda y última instancia la Procuraduría general en la ciudad de Bogotá.

Mientras tanto los implicados no tienen ningún tipo de inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta que no quede en firme la decisión.

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